Derrame de Repsol: Cuál es el camino que sigue el Estado peruano para conseguir una indemnización. (Forbes)

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El pago de una indemnización por los daños que trajo el derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla, cuya propietaria es la empresa Repsol, es un tema presente en la agenda estatal. En febrero, los asesores legales de Repsol dieron inicio a la re ... Leer más
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La demanda civil que viene preparando la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Minam por el derrame de petróleo será la primera en su tipo. Todavía sería presentada en unos meses. El pago de una indemnización por los daños que trajo el derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla, cuya propietaria es la empresa Repsol, es un tema presente en la agenda estatal. No es para menos. Los daños ocasionados por el derrame ocurrido el 15 de enero han sido enormes. Las autoridades peruanas estiman que el desastre ambiental involucró a 11,9 kilómetros cuadrados entre playas y mar, desde el distrito de Ventanilla hasta la ciudad de Chancay, lo que dejó a miles de pescadores sin empleo. Cabe indicar que, según el Ministerio del Ambiente (Minam), en total se derramaron 11.900 barriles de crudo al mar, una cifra muy superior a los 0,16 barriles estimados por Repsol inicialmente y a los 6.000 barriles que la empresa calculó días después. Mira también: OEFA abre nuevo procedimiento sancionador contra Repsol por presunta información falsa La compañía española ha continuado con sus acciones de limpieza del mar y playas afectadas. No obstante, entidades y especialistas reiteran que las consecuencias ecológicas del derrame de petróleo afectarán por varios años más al fondo marino. Algunas pérdidas son irreparables, como las de las aves. En total se han registrado 349 aves muertas en áreas protegidas. Con estas pérdidas para el ecosistema marítimo: Cuál es el camino que sigue el Estado para obtener una indemnización por esta catástrofe ecológica Publicidad. Foto: Andina Las sanciones administrativas: un primer paso. La imposición de multas es una de las primeras herramientas legales que ya está aplicando el Estado mientras se realizan las diligencias para determinar las causalidades del derrame de petróleo. El Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ya han empezado a abrir procedimientos sancionadores en contra de la petrolera por infringir normas ambientales y por otras causales. Las multas, sin embargo, no estarían en sintonía con la magnitud del desastre, comenta Pedro Gamio Aita, director del Programa de Regulación Ambiental de la Escuela de Posgrado de la UPC. Mira también: Derrame de petróleo: OEFA impone nuevas multas a Repsol por US$240.000 El Perú tiene que mejorar su normatividad para que no haya topes cuando la magnitud del daño es considerable, porque no todas las instituciones tienen el monto máximo muy amplio. Hay muchas diferencias entre lo que puede multar el Osinergmin y la OEFA. Ese es un aspecto que debería ser homologado y revisado para que esté conforme a las mejores prácticas internacionales, señala el también exviceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas (Minem). A la fecha, el OEFA ha impuesto multas a la firma española por S1.138.000 (unos US$358.800). También inició tres procedimientos administrativos sancionadores que podrían derivar en multas por S59 millones (unos US$15,9 millones). Aunque las multas son importantes, estas se imponen en paralelo a la demanda que alista el Estado peruano para obtener una indemnización por el derrame. La demanda civil. No es la primera vez que sucede un derrame de petróleo en el país. Sin embargo, Julio Guzmán, procurador público especializado en delitos ambientales del Minam y quien ha sido autorizado por el Estado peruano a participar de todos los procesos penales por delitos ambientales desde el 2010, recalca que solo ha existido una demanda civil por daño ambiental que data de los años cuarenta. Publicidad. La razón Solo los gobiernos subnacionales y regionales podían realizar demandas civiles en este ámbito. Pero, desde el 2019, esta atribución también la tiene la Procuraduría del Minam, por lo que la demanda que prepara esta Procuraduría es la primera en su tipo. Julio Guzmán, procurador del Minam. Foto: Minam Es en este espacio donde el Estado mediante la Procuraduría Pública especializada en Delitos Ambientales buscará entablar una demanda civil por el desastre ecológico antes de acudir al Poder Judicial. El monto que reciba el Estado, bajo este mecanismo, irá directamente a las municipalidades afectadas, que son las de Ancón, Ventanilla y Santa Rosa. Para ello, es importante saber por qué se rompió el PLEM, un mecanismo de conexión de mangueras entre el barco y los ductos de almacenamiento de la empresa, por donde se dio la fuga de crudo, recalca Guzmán. El PLEM recién se retiró hace unas semanas. Si es porque la empresa no le hizo mantenimiento a la pieza, [esta] asumirá con mayor protagonismo su rol de sujeto sobre el que vamos a solicitar el pago de las indemnizaciones por daños ambientales. [Conocer porque se rompió el PLEM] nos va a dar pie a saber a quién vamos a demandar, señala el procurador a Forbes. Como se conoce, Repsol se mantiene firme en culpar al buque Mare Doricum de un movimiento incontrolado mientras descargaba el crudo en el terminal N 2 de la Refinería La Pampilla, lo cual ocasionó el derrame de petróleo en el mar, según investigaciones privadas contratadas por la empresa española. Vea también: OEFA abre nuevo procedimiento sancionador contra Repsol por presunta información falsa En febrero, los asesores legales de Repsol dieron inicio a la reclamación ante la firma propietaria del buque (Fratelli dAmico Armatori) y sus aseguradoras para obtener cobertura por los daños ocasionados por el derrame. Fratelli dAmico Armatori rechaza dichas acusaciones. Publicidad. De momento, la póliza de seguro contratada por la Refinería La Pampilla por un monto de US$275 millones se encuentra vigente. Asimismo, los costos soportados por Repsol hasta ahora en las tareas de reparación y limpieza y los anticipos de compensación ascienden a más de US$100 millones, informó la empresa. Qué tan grande debería ser la indemnización y cómo sería la modalidad de pago Los expertos en daños del equipo de la Procuraduría del Minam ya han comenzado a levantar la información para establecer qué tipos de daños existen y en base a ello puedan aplicar una metodología que le asigne un valor económico. Una vez que tengamos esos dos informes (de daños y valoración económica) podremos conversar con la empresa Repsol para ver cuál va a ser la modalidad del pago, añade. Un proceso que demorará. Guzmán estima que su equipo necesitará un par de meses más para tener toda la información y plantear la demanda civil. También espera que la empresa pueda negociar directamente por la vía civil, antes de acudir al Poder Judicial, instancia donde podría tomar más años lograr una indemnización. Foto: Minam Flickr Solamente podemos ir a tribunales cuando no encontremos esta comunión entre lo que planteamos y lo que ellos (la empresa) reconocen, comenta. Por eso es que los estudios tienen que estar muy bien levantados, para encontrar sintonía también con la empresa, señala. El procurador indica que es este aspecto el que ha dificultado el pago de la indemnización de otros casos internacionales de desastres ecológicos. Sin embargo, el funcionario adelanta que si ve que el proceso penal en el cual se está investigando a los empresarios de Repsol y a la dueños del buque es sólido y puede cerrarse entre julio y agosto, podría incluir la pretensión civil en esa demanda en coordinación con la Fiscalía para evitar dilatar el pago de la indemnización. Pero si veo que el juez no toma mucha importancia a los medios de pruebas relacionados al daño y la valoración, me voy por el proceso civil. No he descartado también la utilización del proceso penal, relata. Publicidad. Mira también: Repsol venderá una participación en sus renovables únicamente al socio adecuado Monto inicial se queda corto. Guzmán considera irresponsable afirmar alguna cifra base de la indemnización que pedirán. Sin embargo, sí descartó un estimado que hizo a unas semanas del derrame de petróleo. Inicialmente hablábamos de S30 millones o S50 millones [de indemnización], pero la verdad yo creo que nos vamos a quedar cortos, reconoce. Para el derrame en la Refinería La Pampilla, Pedro Gamio, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, considera pertinente tomar como referencia el desastre en el Golfo de México, ocurrido en el 2010. Se trata del mayor vertido de crudo de la historia de los EE.UU. ocasionado por la petrolera británica BP, por el que tuvo que pagar US$4.500 millones en concepto de indemnización al Gobierno. El derrame fue de 4,9 millones de barriles de crudo, el cual tardó en contenerse 87 días y llegó a abarcar cerca de 149.000 kilómetros cuadrados en el mar. Derrame de petróleo del Exxon Valdez. Foto: Getty Images Otro caso emblemático es el de Exxon Valdez. La empresa estadounidense derramó 11 millones de galones de crudo (236.430 barriles), lo que provocó una mancha de petróleo de más de 1.900 kilómetros de extensión. Un tribunal de EE.UU. le condenó a pagar una indemnización de US$507 millones en 2008, unos 20 años después del suceso. De otro lado, Guzmán recalca que la indemnización no debe ser exclusivamente económica: también se puede exigir la reparación en términos ambientales. No todo es dinero. Creo que no tenemos en el Perú muy buena predisposición para hacer inversión en actos de mitigación y compensación. No estamos preparados para eso, entonces, si es que la empresa lo puede hacer, sería perfecto. No lo descarto, agrega. En ese sentido, Percy Grandez, especialista legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que este tipo de pedidos se justifican cuando los daños son irreparables. Es el caso de la fauna marina impactada por el derrame de petróleo, ejemplificó. Publicidad. El derrame de petróleo también ha afectado a áreas protegidas. Foto: Minam Flickr. Se le puede ordenar, por ejemplo, que [el demandado] realice acciones de compensación ambiental, como acciones de conservación o que apoye a determinada institución de conservación para una especie de fauna marina en peligro de extinción, añadió. Los pescadores y población afectada: una demanda aparte. Los pescadores son la cara más visible de las comunidades más afectadas por el derrame de petróleo. El procurador Guzmán resalta, sin embargo, que el impacto social no está siendo incluido en la demanda civil que prepara el Estado, por lo que estas personas afectadas deberán negociar directamente con Repsol para llegar a un acuerdo extrajudicial o entablar una demanda civil. A inicios de marzo, el Gobierno firmó un acuerdo con Repsol para que la empresa española le pague unos S3.000 (unos US$805) como anticipo de la indemnización a los pescadores y comerciantes de 5 distritos afectados por el derrame. Especialistas afirman que recuperar el ecosistema marino demorará años. Foto: Andina Este adelanto considera a las más de 5.000 personas que han sido registradas en el padrón único desarrollado por el Gobierno. De estas, Repsol dijo a Forbes que más de 3.000 ya han firmado sus actas individuales. La empresa resaltó, asimismo, que el acuerdo de adelanto de compensación con los beneficiarios no tiene ningún tipo de impedimento para realizar una demanda civil contra la empresa en un futuro, un tema que preocupaba a los pescadores cuando se anunció este adelanto. Sin embargo, el impacto social del derrame incluye a varias comunidades en mayor y menor medida, como los trabajadores en restaurantes, hoteles y comerciantes de las zonas afectadas. En ese aspecto, Mónica Núñez, profesora del Departamento Académico de Derecho e Investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, critica que desde el Gobierno no se haya realizado una identificación temprana de comunidades afectadas. Además, considera que son estas propias comunidades las que deberían negociar con la empresa, para evitar problemas de representatividad en los acuerdos. Pescadores de la zona no pueden trabajar desde enero. Foto: EFE Esto, añade Núñez, se alinea con la evaluación y recomendaciones que hizo la misión de expertos de la ONU tras su visita al país. La entidad advertía en febrero que no se ha producido evaluaciones de daños ni análisis de necesidades integrales a la población, que permita conocer el impacto por lucro cesante (por dejar de trabajar). El Estado tiene la responsabilidad de establecer canales formales de participación y comunicación con la población sobre el impacto en su vida. Es crucial que a la población se le permita ser un agente activo de la búsqueda e implementación de soluciones a los problemas sociales, señaló en un comunicado. Publicidad. Demanda internacional: Una posibilidad. Repsol es una empresa española que opera la Refinería La Pampilla desde 1996, luego de que la petrolera estatal Petroperú le vendiera dicho activo. Esta funciona con un registro de hidrocarburos que le otorga Osinergmin y no a través de un contrato de concesión, como en su momento lo deslizó la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. Aún sin un contrato de por medio con el Estado, una empresa de un país que ha firmado un acuerdo internacional de inversión (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones APPRI) puede dar pie a un arbitraje por tratado, comenta Victor Saco, coordinador de la Maestría de Derecho Internacional de la PUCP. Perú y España cuentan con este acuerdo. Grandez, de la SPDA, señala que en este aspecto será necesario que tanto la empresa y el Estado se pongan de acuerdo en que no confían en las autoridades judiciales o quieren que esto se resuelva de la manera más pronta posible en un arbitraje internacional ante el CIADI, por ejemplo. Mira también: OEFA autoriza reanudar temporalmente operaciones de carga en la refinería de Repsol Núñez, profesora de la Universidad del Pacífico, opina que hay una tendencia en toda Latinoamérica de reconocer poco a poco la proporcionalidad entre protección ambiental y de las comunidades locales con la protección a las inversiones. Por ello, desde su perspectiva, el camino hacia una demanda internacional podría resultar más rápido e, incluso, favorable en tanto los cálculos de los impactos ocasionados por el derrame se realizarían por equipos con mayor experiencia. Publicidad. Esta demanda internacional, añade Saco, puede convivir en paralelo con un proceso penal o civil, al tratarse de dos ámbitos distintos. [Incluso] se puede tomar lo que se descubra en la demanda civil o penal contra la empresa durante la demanda de inversión. Dependerá de cómo se haga la defensa, señala a Forbes. Las finanzas de Repsol. Al cierre del 2021, el grupo Repsol reportó un resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios, por 2.454 millones de euros (unos US$2.720 millones). De otro lado, su deuda neta se redujo un 15% respecto al inicio del año como consecuencia del mayor flujo de caja operativo ante una mejora significativa del ebitda, que se triplicó en 2021. Precisamente, en el documento auditado hacia los inversionistas de las cuentas anuales de la empresa, Repsol señala que no espera impactos significativos en los estados financieros del grupo por el caso del derrame de petróleo en Refinería La Pampilla. Foto: Difusión En cuanto a la operación de La Pampilla, la acción dejó de listar en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), a fines de año, luego de que Repsol comprara el 7,8% del capital que estaba en manos de accionistas minoritarios. Para César Romero, jefe de investigación de Renta4 SAB, esta venta se dio como resultado de que la empresa no estaba rindiendo bien, por lo menos hasta el primer trimestre del 2021. Hasta el 2020, la empresa venía generado pérdidas por tres años consecutivos, por lo que el apalancamiento o la solvencia de la empresa se mantenía en rojo. Su apalancamiento históricamente rondaba sobre el 10. Es decir, 10 veces era la deuda neta sobre el ebitda a dos meses. La inversión siempre continuaba bastante fuerte, sin embargo, las ventas no lograron acompañar, sobre todo los márgenes, agrega. No obstante, el 2021, el alza del precio del barril de crudo por encima de los US$80 impulsó los resultados de Refinería La Pampilla. Ello permitió duplicar las ventas en un 80%, ganar unos US$3.469 millones y lograr un margen bruto de 13% (fue de 5% en 2020). Previo a toda esta coyuntura del 2022, la empresa ya venía reportando bastante bien en el 2021, recalca Romero. Cabe señalar que el grupo Repsol le da un valor (patrimonio neto) a la refinería ubicada en Lima en 554 millones de euros (unos US$614 millones). Publicidad. Para más noticias de negocios siga a Forbes Perú desde Google News.

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forbes.co
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29/03/2022 13:24:00
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